La juez que investiga el incendio registrado en Guadalajara en julio de 2005, en el que murieron 11 personas y ardieron 13.000 hectáreas, ha notificado la imputación de la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, del PSOE, quien dimitió días después del suceso. La investiga por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave.
Arévalo es la vigésima octava persona imputada por la juez del caso, María del Mar Lorenzo, que tomó el caso hace casi un año y comenzó una serie de imputaciones en cadena que rechazó su antecesora.
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El 27.05.08 la Audiencia de Guadalajara desestimo la petición del ex alcalde de La Riba de Saelices Hipólito Sebastián Ballesteros, quien había solicitado que se sobreseyeran las actuaciones iniciadas contra él en las diligencias abiertas por el incendio que en julio de 2005 costó la vida a once miembros de un retén forestal.
En el auto, la Audiencia Provincial señalo que las imprudencias en los fuegos lo son tanto por acción como por omisión en respuesta al recurso que interpuso Hipólito Sebastián Ballestero, que fue imputado tras la declaración que hizo, en calidad de testigo, un albañil rumano. Este aseguró que había recomendado al Ayuntamiento de La Riba de Saelices la construcción de un muro en la barbacoa donde se originó el incendio, pero que ni el alcalde ni el secretario municipal atendieron esa petición.
La Audiencia Provincial indico que en las diligencias constan "informes periciales que apuntan a la existencia de deficiencias constructivas que determinaban que dichas barbacoas fueran un foco de riesgo de incendio", por lo que sería "improcedente" archivar las actuaciones contra el ex alcalde de La Riba.
El auto añade que el tipo de imprudencia, referido a delitos relacionados con incendios, "no implica necesariamente conductas que equivalgan a la generación de la combustión autónoma o prender fuego" y recuerda que hay reiterada jurisprudencia que declara que la conducta desencadenante de la "imprudencia" puede consistir tanto en una acción como en una omisión.
Hay informes que indican que las barbacoas era un foco de incendio.
Por ello, la Audiencia ordena al Juzgado de Sigüenza que instruye el caso por el incendio de julio de 2005 que siga adelante con la instrucción de las diligencias y obliga a pagar las costas del recurso a todas las partes que recurrieron o se adhirieron al recurso del ex alcalde de la Riba, como el Ayuntamiento de la localidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Un total de veinticinco personas están imputadas actualmente por ese incendio que se originó en julio de 2005 en La Riba de Saelices, que acabó quemando 13.000 hectáreas del antiguo Ducado de Medinaceli y en cuya extinción fallecieron once miembros de un retén forestal.
Entre los imputados se encuentra el delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; el representante de la empresa Tragsa Luis Miguel Carrascal, el ex director del Parque Natural del Alto Tajo Rafael Ruiz, varios técnicos del Centro de Operaciones Provincial (COP) y del 112, los siete excursionistas que encendieron la barbacoa y el guarda de la Cueva de los Casares, junto a la que se originó el fuego.
Ahora ya se sabe desde ayer, que la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, ha imputado a la que era consejera de Medio Ambiente cuando sucedió el incendio, Rosario Arévalo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCM) que determinó que Arévalo ya no es aforada.
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