Nos hacemos eco del último capítulo sobre el Incendio que recogía el viernes 16 el periódico Guadalajara 2000, cada cual que saque sus conclusiones...
El documento, elaborado por dos técnicos del Colegio de Ingenieros Forestales, concluye que no hubo negligencia en las muertes.
El Juzgado de Sigüenza, encargado de llevar el caso sobre el incendio de Guadalajara de 2005 que costó la vida a once miembros del retén de Cogolludo, cuenta desde esta semana con un elemento nuevo a añadir en la instrucción del sumario. Se trata del informe pericial encargado por la jueza y elaborado por dos técnicos del Colegio de Ingenieros Forestales que concluye que no hubo negligencia en las muertes. El documento, de casi medio centenar de páginas y fechado el 16 de diciembre de 2008 tras año y medio de investigación, señala que “el operativo de extinción sufrió una combinación de circunstancias que no se pudieron prever ni evitar en función del plazo de tiempo en que ocurrieron, que estas circunstancias fueron ajenas a las normas y planes de prevención y extinción de incendios, y de formación del personal dedicado a la extinción”. Los técnicos han confirmado que el jefe del equipo conocía la zona y determina que las muertes del retén se produjeron por asfixia, al respirar “aire muy saturado con alto grado de toxicidad”.
De este modo, el texto pone de manifiesto que “la huida de los miembros del operativo de extinción no fue tan desesperada” como señala la acusación e indica que “la ruta de escape escogida no era mala opción, incluso era buena, bajo condiciones normales y previsibles”. Además, explica que las actuaciones del retén estuvieron determinadas por la incertidumbre al volcar uno de los vehículos de extinción lo que “les supuso tener que tomar decisiones en segundos, una de ellas, la principal, fue tomar la ruta más peligrosa sin saberlo” y señala que este hecho “les activó un innato sentido de socorro, sentimiento que ralentizó ligeramente la huida prevista”.
Zona de bajo riesgo
Sobre el estado y la ubicación de la barbacoa donde nació el fuego, el informe resalta que estaba situada en una zona de “bajo riesgo” y considera la “aptitud de ubicación del área recreativa respecto al monte” . Añade, además, que contaba con la ventaja de tener agua disponible sobre una balsa colindante en el cauce del río Linares. Por tanto el documento dictamina que “la ubicación del área recreativa de la Cueva de los Casares era adecuada como protección al medio natural”, al estar en el borde exterior del monte. Y añade que esa barbacoa “técnicamente tiene unos parámetros de bajo riesgo de incendio”.
Este informe pericial es el segundo que se realiza con estas características después de que el anterior elaborado en julio de 2007, y de conclusiones similares, fuera recurrido por la acusación al entender que faltaban por analizar algunos soportes fundamentales para el sumario. La Audiencia Provincial ordenó realizar otro teniendo en cuenta las llamadas realizadas al 112. La decisión fue tomada por Concepción Espejel, hoy vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP. Tras aquel informe, y en un acuerdo contrario a la Ley Electoral, el Poder Judicial trasladó a la entonces titular del caso, Concepción Azuara, y la remplazó por María del Mar Lorenzo. Azuara rechazó imputar a técnicos y políticos, pero tras el cambio en el juzgado, Lorenzo ha imputado a 29 personas entre las que se encuentran varios altos cargos de la Junta incluida la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, los técnicos que actuaron durante los días del incendio, los excursionistas, el alcalde de la Riba y representantes de las empresas de los medios técnicos.
El conocimiento de este último informe pericial ha provocado la reacción inmediata de cada una de las partes implicadas en el proceso. En el lado de la acusación el portavoz de la Asociación de Familiares de algunos de los fallecidos en el incendio de La Riba, José María Manteca, ha mostrado su desacuerdo con las conclusiones del informe porque “es un calco exacto” del que elaboró, a raíz del incendio, la Comisión Regional, “que actuó de tapadillo y sin dejar declarar a testigos”. Además,recordó que también existen informes que se realizaron a propuesta de la acusación particular llegando a conclusiones totalmente contrarias al actual “y sus autores tuvieron que soportar varias horas de preguntas en el Juzgado donde se les intento machacar para rebatirles”.
Reacciones políticas
En la misma dirección y rebatiendo las conclusiones del documento la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha declarado que “lo que sí está perfectamente constatado es que hubo errores, carencia de medios y falta de coordinación”, por los que los jueces deberán establecer las responsabilidades civiles y penales, dijo.
De otro lado, la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, ha asegurado que este informe “viene a dar la razón a las tesis que siempre hemos defendido desde la Junta en el sentido de que se actuó de forma correcta”.
Fernández dijo que desde su Gobierno nunca ha habido la más mínima duda de que los técnicos hicieron los trabajos que tenían que hacer y actuaron en todo momento de forma correcta “y espero que informes así contribuyan a poner fin a un proceso lamentable”.
